Sobre un contexto internacional que duele e inquieta a la par, vivimos en nuestro país episodios que pueden modificar lo que hasta ahora hemos conocido como España, socavando al tiempo las bases de nuestra democracia.

Sus pilares no son aleatorios ni coyunturales y por muchos modelos de gobierno y democracias que podamos hallar por el mundo, existen unos puntos en común, unos mínimos, esenciales. La ONU especifica 14 puntos, comenzando en el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Incluyendo las elecciones, el pluralismo político, la transparencia, los medios de comunicación libres y plurales y, por supuesto, la separación de poderes y la independencia del poder judicial.

El barón de Montesquieu estableció una clara interdependencia entre estos requisitos al considerar, como recoge en El espíritu de las leyes, que la separación de poderes garantiza tanto el equilibrio entre estos como los derechos y las libertades de las personas.

En lo que de momento sigue siendo España, convivimos con el fracaso político de la renovación del Consejo General del Poder Judicial que incluso ha dejado en un segundo plano las demandas para despolitizar la elección de sus componentes.

Pero, además, el proyecto de amnistía que ya hemos incorporado a las conversaciones cotidianas, los indultos, el posible referéndum unilateral, las deudas históricas y demás conceptos del relato al que asistimos, nos ofrecen la distorsionada visión de que la Ley –con mayúscula– debe acomodarse a la política –con minúscula–según convenga.

La Ley, las leyes, establecen un marco regulatorio para ciudadanos, entidades o administraciones, que frena los desmanes y ofrece seguridad porque somete a todos por igual. Cuando no es así, entramos en un terreno muy peligroso y que, volviendo a revisar los 14 puntos de la ONU, menoscaba la democracia.