Más de 70 alcaldes de la provincia de Huesca han asistido a una reunión informativa sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en sus pueblos. El encuentro lo ha organizado la Diputación Provincial de Huesca y la Delegación del Gobierno de España en Aragón. Los alcaldes han conocido el proceso para solicitar la instalación de dichas cámaras de videovigilancia en sus términos municipales.

En la reunión, se han subrayado las ventajas de contar con este tipo de cámaras, que son útiles para la prevención del vandalismo, así como para facilitar el esclarecimiento de delitos. Además, sirven de palanca disuasoria para frenar los robos en el campo.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha mostrado su convencimiento de que estos sistema de videovigilancia “son muy útiles y disuasorios de los efectos nocivos que produce la criminalidad”. Claver ha indicado que la finalidad de la Diputación pasa por “dar voz a los alcaldes, sentir sus preocupaciones y, en este caso y aunque no sea nuestra competencia, ayudarles a combatir la inseguridad en el territorio”.

Plan de de Seguridad Territorial con la instalación de videovigilancia en los pueblos de Huesca

Para ello, la DPH prepara un Plan de de Seguridad Territorial que cuenta con dos vertientes. Por un lado, la asistencia técnica con un protocolo para que todos los pueblos de Huesca sepan cómo desarrollar e implantar sus sistemas de videovigilancia. Por el otro, dotar a los Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes de una ayuda económica para la compra de esos equipos. La DPH cuenta este 2024 con un presupuestos para este plan que se irá aumentando conforme se reclamen estas subvenciones.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que “en la provincia, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado. Otras cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado. Pero esperamos que este número se incremente próximamente, porque son varios los alcaldes y alcaldesas que han mostrado su interés”, dado que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad”.

Comisión de Garantías de Videovigilancia

En la reunión se ha abordado igualmente cómo la Comisión de Garantías de Videovigilancia, establecida en la Ley Orgánica 4/1997, analiza la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con la finalidad primordial de garantizar que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima.

El trámite para los Ayuntamientos que quieren instalar cámaras se inicia con la presentación en la subdelegación correspondiente de un informe de solicitud. Se lleva a la comisión de garantías y ésta ofrece informe favorable a la instalación o no.