El pasado 27 de diciembre unas furgonetas de Ibercaja llegaron al valle de Chistau. “Sin previo aviso” desmontaron y retiraron el cajero automático situado al llegar a Plan, junto a la carrertera. “La entidad sospechaba que podía ser menos rentable, pero es que no hubo ninguna comunicación hacia nosotros”, indica Roberto Serrano, alcalde de San Juan de Plan. 

El “estupor e indignación” de los vecinos lo representaron los alcaldes del valle, que emitieron una carta a la entidad bancaria exigiendo explicaciones. Dos días después el banco les reunió para ofercerles los motivos. La razón: es que “el cajero existente es demasiado obsoleto para poder ser actualizado a los nuevos sistemas”. Para más inri, “no hay intención de reponerlo por uno nuevo”. “Para nosotros no son ninguna explicación. Redunda más en la política que llevan últimamente de rentabilizar sus productos al mínimo coste”, añade Serrano. 

Deterioro de la situación

El dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado en las zonas rurales. Cabe destacar que desde el año 2008, las áreas rurales de casi treinta provincias españolas sufren el fenómeno de la despoblación. Al mismo tiempo, estas áreas están experimentando una pérdida progresiva de servicios, entre los que se encuentran los financieros. El estudio de la Universidad de Zaragoza ‘Análisis del papel del dinero en efectivo en áreas despobladas de España’ asegura que, desde ese mismo año, el número de oficinas bancarias ha pasado de más de 45.700 a las escasas 20.000 esperadas al final de 2021. El resultado de estos factores, tal y como se desprende del análisis es que “el acceso a los servicios financieros es cada vez más restrictivo para una buena parte de la población y estamos ante un desmoronamiento del sistema financiero en amplias zonas rurales de España”. 

El alcalde de San Juan de Plan lo confirma: “La retirada del cajero se suma al progresivo deterioro. La oficina de esta entidad está en San Juan, ha reducido considerablemente el horario de atención al público. Ahora solo son dos días a la semana, y dentro de esos días hay operaciones como la retirada de efectivo que solo se pueden hacer de 9 a 11 horas. Al final, solo puedes sacar dinero en efectivo durante cuatro horas a la semana”.

Los más vulnerables

Dado que los servicios financieros son un elemento esencial para el arraigo en zonas rurales, las personas mayores, que representan el 28,5% de la población rural, sufren en mayor medida el desmantelamiento de la red bancaria, las dificultades de acceso al efectivo y los riegos de exclusión financiera, generándoles inseguridad. El análisis deduce que “este segmento de la población está ya englobado en lo que se conoce como consumidores vulnerables; consumidores para los que el efectivo sigue siendo su medio de pago dominante y es el factor determinante para su inclusión social. En definitiva, la falta de acceso al dinero en efectivo provoca exclusión social”. 

En palabras del Luis Antonio Sáez Pérez, coordinador de este estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, especializado en desarrollo rural, “pagar en efectivo es una especie de derecho, que en el rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores o inmigrantes en las que la liquidez es el modo más habitual. De alguna manera, la capacidad de ciertas personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos, en su autonomía, ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones”. 

“Para nosotros redunda en la política que tienen algunas entidades de rentabilizar sus productos al mínimo coste”

Roberto Serrano Alcalde de San Juan de Plan

Por su parte, Roberto Serrano no tiene ninguna duda de que son los grandes desfavorecidos “ya que no tienen habilidades digitales”. Explica que tienen que estar “al tanto” de poder hacer operaciones con la administración y entidades privadas, “pero luego los servicios que nos tienen que dar no nos los dan”. “Eso sí, a la hora de formarnos digitalmente para que no haya brecha que sean los recursos públicos”, añade. 

Impacto en la economía

La dificultad de acceso al dinero en efectivo no afecta solo a los ciudadanos; el impacto en las economías locales es también cada vez más acusado. “El pequeño comercio sufre las consecuencias de la mala conectividad digital en las zonas rurales y la dificultad de acceso al dinero y a los servicios financieros de proximidad, sobre todo en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes”, indica el estudio. Las dificultades en el acceso al efectivo pueden desequilibrar la balanza en contra de la economía local. La elección del canal de compra digital frente al físico debilita también las redes comerciales de ámbito comarcal, lo que intensifica el debilitamiento de la propia economía local. 

El análisis de la Universidad de Zaragoza constata que en el mundo rural se da en mayor medida un tipo de relaciones sociales y económicas que mantienen la liquidez como medio de intercambio principal. Sin embargo, la falta de acceso a los servicios de entidades financieras es de nuevo limitativa para el bienestar de sus ciudadanos y para la eficacia de un buen número de negocios. 

“Las personas que tienen limitaciones en otros ámbitos, en su autonomía, ven en esta cuestión otra pérdida”

Luis Antonio SáezCoordinador del estudio

Soluciones

El ecosistema social y económico de las pequeñas poblaciones gira en torno al dinero en efectivo. Y es que este tipo de transacciones tiene un porcentaje superior de frecuencia que en el mundo urbano. Genera confianza y proporciona una relación más humana, además de que su cultura de pagos asociada es más tradicional. El acceso a esa liquidez, a la que una parte importante de la población rural se ve inducida, señala el análisis de la Universidad de Zaragoza, se ha reducido en los últimos años de manera acelerada. Ya no hay oficinas en su población, ni cajero, y en la cabecera de comarca son menos entidades. 

Frente al “si no uso la tarjeta puedo sacar dinero del cajero o de la oficina y pagar en efectivo”, en estos lugares se daría el “no puedo pagar telemáticamente porque la línea falla, pero tampoco tengo forma de sacar dinero fácilmente”. No son dos alternativas complementarias lo que se plantea, sino dos negaciones que se refuerzan, un dilema en bucle, resume el análisis. “Las instituciones deberían admitir su componente social. Colaborando con las entidades de depósito para que la capilaridad del sistema alcance a la mayor parte del territorio”, señala. Medidas como la subvención a la instalación y el mantenimiento de los cajeros automáticos. O facilitar la permanencia de las oficinas establecidas en las localidades más pequeñas, pueden resultar apropiadas. La implicación directa de las administraciones más próximas proporcionaría un mapa coherente igual que se hace con el escolar o el sanitario.