Una vez se constituyan los Ayuntamientos este sábado, la próxima cita marcada en este calendario electoral es el 23 de junio. Los diputados a Cortes de Aragón tomarán posesión y comenzará la cuenta atrás para que se conforme un nuevo Ejecutivo autónomo.

Un gobierno que, previsiblemente, presidirá el popular Jorge Azcón. Sobre la mesa se encontrará un conflicto laboral largo y enquistado: el de los trabajadores de las ambulancias y las empresas contratadas para su gestión. Un tema que ha formado parte de sus promesas electorales.

Esta semana se ha conocido la situación de los trabajadores de la ambulancia de Servicio Vital Básico de Aínsa. La denuncia del lugar en el que deben permanecer durante sus guardias (pequeño, sin baño) se suma a la formulada la semana pasada por un sindicato de “caos e improvisación” durante los primeros días con la nueva empresa adjudicataria.

No es de recibo que no tengan un sitio en donde trabajar y terminen en hoteles, en el mejor de los casos. Tampoco que hayan proporcionado vehículos sin toda la documentación o con deficiencias en su dotación sanitaria.

Todo esto en cuanto al transporte sanitario urgente. Pero no cabe olvidarse de las otras ambulancias. Las que llevan a los pacientes a oncología, diálisis u otros tratamientos crónicos; los que acercan a un lesionado al fisioterapeuta.

Dependen de otra empresa y también llevan meses de huelga. Obviamente, no dejan de prestar servicios mínimos como los de oncología o diálisis. El resto de pacientes deben, en muchas ocasiones, recurrir a taxis. O, en el caso de movilidades muy reducidas, a Cruz Roja.

Servicios que esos pacientes deben pagar. No es de recibo que cualquiera tenga que abonar por asistencias por las que el Gobierno de Aragón ya paga a una empresa que llega a reducir costes en cuestiones como no proporcionar vestuario a sus trabajadores. ¿Hasta cuándo? ¿Quién le pone el cascabel al gato?