En Aragón están empadronadas 1.326.261 personas, 967.452 de ellas, en la provincia de Zaragoza. El resto, que sumamos el 30 por ciento de la población aragonesa, nos distribuimos entre Teruel (134.545) y Huesca (224.264).

Con las ligerísimas variaciones producidas en el último año, los datos a 1 de enero de 2022 del Instituto Nacional de Estadística dibujan la demografía básica de una comunidad en la que de sus 731 municipios solo once, además de las tres capitales de provincia, superan los 10.000 habitantes.

Aragón es, además, una comunidad extensa con una baja densidad de población que en nuestra provincia es tan solo de 17 habitantes por kilómetro cuadrado.

Los servicios públicos -también los privados- deberían ofrecer a esta realidad una respuesta equitativa, justa y solidaria, para hacer creíble la manida apuesta por la España rural, vaciada, despoblada o cómo se quiera llamar.

No parece sencillo. Porque a la hora de la verdad su materialización chirría con el día a día de quienes habitan en los pueblos.

A veces son pérdidas pequeñas, noticias pequeñas, que pueden parecer poco importantes. Así, al tiempo que un jubilado pide un trato humano en las sucursales bancarias, el valle de Chistau se queda sin cajero automático. Un servicio perdido y una brecha que se ensancha: según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, 1.400.000 personas en España están en grave riesgo de exclusión financiera.

Exclusiones que también se adjetivan ferroviarias, al hilo de los servicios perdidos, protestados y en parte recuperados. Y sin olvidar las sanitarias: el nuevo contrato del transporte sanitario restará 15 ambulancias en el medio rural, según denuncia la Asociación de Técnicos en Emergencias Sanitarias y el Sindicato de Cooperación Sindical. A la España vaciada llamémosle la España excluida.