El siglo XX en Barbastro se cerró con un doloroso acontecimiento que, no por menos esperado, segó uno de los mimbres de su historia más reciente. El cierre del acuartelamiento General Ricardos se sintió en la economía y en el ser de la población, que vio cómo uno de sus espacios más reconocibles quedaba primero en desuso para convertirse, después, en un inmenso solar.

El Ayuntamiento, que solicitó sin éxito la reversión de los terrenos donados en 1919 por la ciudad, tuvo que fiar el futuro de estos 180.000 metros cuadrados al Gobierno de Aragón, que los compró a Defensa en 2006.

Ese mismo año se anunció un proyecto urbanístico de futuro en torno al río Vero con más de 600 viviendas y zonas verdes, una nueva ciudad con polígono blando y vías accesibles. Se fijó un plazo de 14 meses para que las máquinas comenzaran a materializar un plan afrontaría un problema eterno: el acceso a la vivienda.

Pero las únicas máquinas que en 26 años han entrado en este antiguo recinto militar fueron las encargas de demoler todos los edificios, excepto el de Capitanía, salvado para un uso sociocultural aún por determinar.

El posible desbloqueo de estos terrenos, gracias al acuerdo entre su propietario –la empresa pública Suelo y Vivienda del Gobierno de Aragón– y el Ayuntamiento de Barbastro, solo puede tomarse como una buena noticia.

La experiencia aconseja hacerlo con cautela pero también con sincera esperanza en el consenso de las partes sobre un plan razonable, por fases, y que empezará por lo más necesario, como son la viviendas. De llevarse a cabo, no solo serviría para afrontar la escasez de pisos de alquiler sino también para hacer justicia.

La parálisis en el desarrollo de este suelo ha sido, además de un dolor añadido a la pérdida del cuartel, un verdadero lastre para el crecimiento local cuando no la excusa para obviar otros proyectos.