Los asuntos económicos protagonizaron el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barbastro este jueves. Por un lado, se dio luz verde al pago de dos bloques de facturas del ayuntamiento; por otro, también se aprobó pagar la certificación de obra de la remodelación del parque de Jarea. Todo ello no exento de polémica.
El primer punto recogía el pago de algo más de 6.700 euros y salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno PP-Ciudadanos y Vox. El resto de grupos argumentó que incluía facturas que no debían estar en un reconocimiento extrajudicial de crédito. “Son más de subvención que de gasto corriente”, dijeron los portavoces de Cambiar Barbastro y En Común; también la portavoz del PAR, quien acusó al equipo de gobierno de “convertir en ordinario un instrumento extraordinario”, en relación a la figura del reconocimiento extrajudicial. Una idea que también puso sobre la mesa el portavoz socialista: “No se trata de algo técnico, es político”, añadió.
El pago de las facturas
Y como si la campaña electoral no hubiera terminado transcurrió el debate y votación del siguiente punto. En este caso, la aprobación de una relación contable para pagar facturas, con un importe superior a los 352.800 euros. De ellos, 309.000 corresponden al pago por la gestión de la residencia municipal de Las Huertas.
El hecho de que estuviera este pago de facturas del Ayuntamiento llevó a vota a favor a En Común Barbastro y Cambiar Barbastro, que apoyaron la propuesta junto al equipo de gobierno y Vox. Eso sí, entre múltiples críticas. “Doy el sí por los residentes, porque deben estar atendidos, pero es un grave problema no tener contrato, genera inseguridad”, arguyó Marisol Cancer. “El no cobro ha repercutido en los trabajadores y los funcionarios tienen que defender la ley”, indicó Ramón Campo.
“De 37 facturas, solo dos son difíciles de prever”, añadió María Morera para explicar el sentido negativo de su voto. “Hace mucho tiempo que no se convoca la Comisión de Seguimiento de la Residencia”, protestó Daniel Gracia. Y defendió el trabajo “extraordinario” de los técnicos de la casa; porque no se les permite hacer el trabajo que deben”.
El alcalde, Fernando Torres, tomó la palabra para defender el trabajo en cuanto a la residencia. Reiteró que “todos pueden solicitar acceso al expediente” para conocer el punto en que se encuentra el contrato de la residencia municipal. Y explicó que en las últimas reuniones, dado que la empresa había dicho que no continuaría, se ofreció subir el IPC de varios años para compensarla. El pliego tiene finalizada la parte administrativa, y falta la técnica, adelantó.
Además, indicó que el hecho de que las facturas de la residencia vayan con otras “no es decisión del equipo de gobierno”. En su explicación, llegó a recordar el apoyo personal que ha dado a la residencia, recordando incluso, la atención durante la pandemia, “llevando personalmente mascarillas”.
Una afirmación que enfadó a la oposición. “Durante la pandemia hubo un apoyo unánime de todos los concejales. Eso de arrogarse el contacto… otros también hemos estado”, le recordó Ramón Campo. “El IPC lo hemos aprobado entre todos”, indicó María Morera. “Sacar la cartera es salvar los muebles”, añadió Daniel Gracia.
En el segundo turno, Torres le recordó a Ramón Campo la reunión que tuvieron en marzo con el comité de empresa, tras la protesta en la puerta del ayuntamiento en la que el concejal se unió a la foto. “Me dijeron que estuvieron incómodos porque estuviera en la foto”, le espetó. “Le criticó la crítica que me hace” –le respondió– “me pidieron estar”.
La concejal socialista María José Grande lanzó un largo alegato en defensa de su disposición para sacar adelante el contrato: “El concejal de Bienestar Social que estaba me llamó y me pidió ayuda; y me he ofrecido para ayudarles a sacar el contrato y nunca he presumido de ese ofrecimiento”.
Pago del parque de la Jarea
Tras el largo rifirrafe por la residencia, llegó el último punto, aprobado por el equipo de PP y Ciudadanos junto a Vox. Se trataba de la aprobación definitiva de la certificación de obra del parque de la Jarea para pagar a la empresa. Un montante de 74.652 euros que ya pasó por el pleno ordinario de marzo, en un punto que se incluyó en el orden del día por urgencia.
“El objetivo es que la empresa cobre”, defendió el alcalde. “Lo que hizo fue acorde al proyecto”, añadió. Sin embargo, la oposición explicó que tras aquel pleno llegó un segundo informe contradictorio al anterior. “El expediente está viciado desde el principio”, acusaron María Morera y Ramón Campo. Y añadió este que, estando en funciones, “solo podemos aprobar gasto corriente; ¿este lo es?”, se preguntó. Daniel Gracia también indicó que “no se ha seguido el procedimiento”.
