Algún medio, en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca que esta semana ha confirmado el regreso de las 111 obras de arte de las parroquias de Barbastro-Monzón, ha titulado: «La Justicia vuelve a dar la razón a Aragón». De manera casi telegráfica, la frase sintetiza el significado de la última resolución en un larguísimo proceso iniciado hace treinta años, el 15 de junio de 1995, de forma casi paralela al nacimiento de esta Diócesis.

Treinta años se dice pronto y se escribe con los nombres de aquellos que, desde Ambrosio Echebarría, no han dejado de reclamar lo que correspondía por derecho a esta tierra. No por capricho u obstinación, sino porque era –es– lo justo, y así lo estableció la Iglesia y reiteró a través de decretos, sentencias y pronunciamientos, dictados por la Congregación para los Obispos, la Nunciatura o el Tribunal para la Signatura Apostólica.

Pero la justicia lo es solo a medias si se queda en el dictado; su materialización es condición intrínseca para resultar, valga la redundancia, justa. Preservando todas las garantías procesales y los derechos de apelación que asisten a las partes, el incumplimiento de un dictamen genera impunidad, desprotección, inseguridad, desafección…, rabia incluso. Y mirar hacia otro lado encogiéndose de hombros con resignación no deja de ser una complicidad con esa injusticia.

La sentencia de la Audiencia Provincial, casi treinta años después de Decreto de la Nunciatura Apostólica en España sobre la propiedad de estos bienes, tiene muchas lecturas. Nos recuerda que la justicia no solo debe hablar, sino actuar. Y que hay que ser valientes y constantes para lograr lo que sabemos justo, por imposible que parezca. Hoy celebramos el triunfo de ambos principios y ponemos la esperanza en el cierre de este doloroso capítulo. Que nos sirva de ejemplo para afrontar otros desafíos con idéntica determinación.