La Diputación Provincial de Huesca ha propulsado una convocatoria de ayudas para instalar cámaras de videovigilancia. Medio centenar de municipios las han pedido. Así, la DPH destina 100.000 euros para este Plan de Seguridad Rural, dirigido a poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Este dinero permite financiar la instalación y utilización de un sistema de grabación de imágenes en espacios públicos.
El diputado de Promoción Cultural e Innovación y Transformación Digital, Carlos Sampériz, explica que el objetivo se centra en “disminuir la inseguridad ciudadana e incrementar y garantizar los medios para ello”. Además, apunta que “existen estudios que indican que la imposición de cámaras reduce los delitos”.
En el Somontano
En Somontano, nueve pueblos las han solicitado: Lascellas-Ponzano, Estadilla, Estada, Castejón del Puente, Torres de Alcanadre, Barbuñales, Azlor, Peraltilla y Azara. Y en Estadilla, por ejemplo, ya han iniciado la instalación de las cámaras. Su alcaldesa, Pilar Lleyda, explica que las solicitaron “como medida de prevención para detectar cualquier acto delictivo o vandálico”. Los alcaldes de Azlor, Peraltilla y Castejón del Puente coinciden con su compañera. Los tres confiesan que solicitaron estas ayudas para dotar de más seguridad a sus pueblos. Antonio Comps, alcalde de Castejón, declara que en los últimos años ha habido un incremento de robos y sucesos vandálicos en su municipio. José Pedro Sierra, alcalde de Peraltilla, y Monserrat Galindo, de Azlor, también, y sobre todo en las instalaciones municipales.
Sampériz confiesa que “si nos remitimos a los datos del Ministerio, los delitos no han aumentado”. Sin embargo, diferencia dos conceptos: los hechos y las denuncias, por un lado, y la sensación de inseguridad por el otro. “Se trata de dos cuestiones distintas y lo que está claro es que sí existe sensación de inseguridad. A su vez, el ciudadano en ocasiones no denuncia ciertos sucesos menores. Pero ese miedo por lo que ha sucedido permanece en la persona. Por lo que si aúnas ese clima de incertidumbre a la percepción de que contamos con pocos medios de protección, la inseguridad crece. Por eso desde la Diputación Provincial de Huesca consideramos que debemos solucionar ese problema. Y una manera de hacerlo es a través de estas cámaras”, declara el diputado.
En Estadilla se prevén instalar alrededor de diez cámaras; en Castejón del Puente y en Peraltilla, ocho; y en Azlor, tres. Además de dotar de protección al pueblo y seguridad a sus vecinos, concuerdan en que también consiste en una medida disuasoria. En la mayoría de los pueblos se instalarán en las principales vías de acceso e infraestructuras municipales.
“A veces los vecinos vemos coches pasar por nuestros caminos rurales o por el pueblo a altas horas de la madrugada. No creo que vayan a coger setas… Esta nueva instalación, además de a los vecinos, también transmite seguridad a aquellos que cuentan con segundas residencias. Estas cámaras son como los seguros: ojalá no las usemos, pero si las tenemos que utilizar, podemos hacerlo”, comenta Galindo.
Sierra también se muestra contento por estas nuevas ayudas, a las que se suman las del Gobierno de Aragón. “A lo largo de todos estos años hemos sufrido algún robo, como en la ermita, la báscula, el ayuntamiento o en la iglesia. Estamos contentos con la Guardia Civil porque dentro de sus posibilidades siempre se pasean por Peraltilla. Pero claro, comprendemos que con su personal no puedan venir más a menudo. Por este motivo, estas cámaras van a reforzar un poco la seguridad en el medio rural”, explica.
“En Castejón ya nos habíamos planteado instalar cámaras con medios propios. Pero ahora gracias a las ayudas ya estamos en ello. Debido a los últimos robos, en el pueblo se ha instalado una gran alarma social entre los vecinos. Además, denunciamos todos estos sucesos y actos vandálicos, por lo que nuestras cámaras se encuentran más que justificadas”, declara Comps.
¿Cómo funcionan las cámaras?
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son la única institución que podrá consultar las grabaciones. De esta manera, las imágenes se guardan a buen recaudo y solo se podrán consultar siguiendo el procedimiento legal para ello. “Esto no se trata de convertir los municipios en un Gran Hermano. Esta medida consiste en dotarlos de seguridad y no se ha llevado a cabo para que el Ayuntamiento esté a disposición de cualquier vecino para sus asuntos personales, como mirar dónde y cuándo han perdido las llaves de casa”, añade Lleyda.
Las cámaras grabarán las 24 horas del día y las imágenes se conservarán alrededor de un mes. Además, “hemos intentado que las cámaras tengan conexión a internet y a la electricidad porque así las grabaciones se envían directamente al dispositivo donde se registran y guardan”, explica Lleyda.
Por último, Sampériz confiesa que en los presupuestos de 2025 estas ayudas se siguen contemplando. Así, se ofrecerá una nueva oportunidad a aquellos municipios que consideren que necesitan una de estas instalaciones. “Vamos hacia un futuro en el que muchas cuestiones van a tener que ir ligadas a la tecnología”, concluye el diputado provincial.
